Allí donde se reconocen varias lenguas oficiales, la Administración tiene el deber de ofrecer el servicio educativo en ambas lenguas, ya que discriminar lenguas supone discriminar ciudadanos. Además de un derecho, es una necesidad desde el punto de vista de la calidad, pues no recibir la educación en la lengua materna está generando un gran fracaso escolar, por ejemplo, entre los alumnos catalanes castellanohablantes educados en catalán, como muestran los datos relativos a los resultados de Selectividad en esta Comunidad Autónoma. La actual situación de discriminación del castellano en la red de centros públicos y concertados en Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, Valencia y Baleares, así como la manipulación de la historia o el simple y llano adoctrinamiento nacionalista en algunas de estas autonomías, sugieren que sería acertado analizar la conveniencia de que el Estado recuperara sus competencias en educación.