No creemos que sea el Estado quien deba tomar esta decisión, sino los padres de los alumnos, por ser los responsables de su educación y por ser los contribuyentes del dinero que el Estado destina a la enseñanza. Defendemos el derecho a ofrecer y demandar distintos proyectos educativos en iguales condiciones de financiación y en libre competencia. Asimismo, defendemos el derecho de los titulares de los centros públicos y privados a impulsar y gestionar estos proyectos, frente al inmovilismo e intervencionismo de los Consejos Escolares al que se encuentran sometidos los centros sostenidos con fondos públicos. Finalmente, apoyamos la existencia de charter schools, colegios que, a cambio de obtener un nivel académico igual o superior a la media, puedan desarrollar proyectos propios exentos de las regulaciones estatales. En cualquier caso, los centros públicos deben ser neutrales -tanto en lo religioso como en lo identitario- y los privados conformes a los principios constitucionales.