Los padres tienen derecho a decidir a qué centro homologado por el Estado va el dinero recaudado por éste para la educación, sin que esta cantidad varíe en razón de su elección. Además, dar el dinero de la educación a los usuarios y no a los centros promueve la libre competencia y mejora la oferta global, como en cualquier otro sector de la economía. Para que la elección sea real debería existir un baremo externo que mida los conocimientos de los alumnos por centro al finalizar cada etapa de enseñanza, siendo las pruebas de diagnóstico y pruebas generales la mejor herramienta para ello.